[página creada el 4.7.19; actualizada el 6.7.19]
Intervención de José L. Segovia en El Espejo COPE (5.7.19):
La Mesa por la Hospitalidad pide a la Fiscalía una «intervención legal» ante la falta de respuesta de las administraciones a la llegada de refugiados [fuente: Archimadrid]
La Mesa por la Hospitalidad de la Iglesia en Madrid ha pedido este jueves, 4 de julio, a la Fiscalía General del Estado una «intervención legal» ante «la inexplicable falta de previsión» y «descoordinación» del Gobierno, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento madrileño «con motivo de la llegada de cifras muy asumibles y previsibles de personas forzosamente desplazadas que demandan protección internacional y / o ayuda humanitaria».
En el texto, firmado por el vicario episcopal para el Desarrollo Humano Integral y la Innovación, José Luis Segovia, explica que ninguna de las tres instituciones, «está dando respuesta suficiente a las necesidades básicas y urgentes de estas personas». En bastantes casos, asevera, «las administraciones, con obvios deberes legales para con estas personas, se limitan a remitírnoslas sin más».
Así, recalca que son «diferentes instancias ciudadanas y eclesiales» las subsidiarias de la falta de responsabilidad administrativa. «Tenemos que dar albergue y alimentación a personas que llegan a nuestro país y que, en no pocos casos, cuentan con hijos e hijas menores de edad, personas ancianas, enfermas o con discapacidad».
Entre los acogidos en parroquias, detalla la Mesa por la Hospitalidad, hay «mujeres embarazadas o con bebés de semanas, incluso alguna mamá con ocho hijos». «Con las altas temperaturas, la desprotección de estas personas es aún más dramática», advierte.
A la falta de atención primaria se añade «la acumulación de expedientes de asilo sin resolver o dando citas que mantienen a adultos y niños en un inasumible limbo jurídico y social, desprovistos de los derechos y garantías que les corresponden».
La institución eclesial propone a «los representantes del Ministerio Público» que se instruyan «de manera completa e inmediata personándose en las dependencias del Samur Social de Madrid» y recaben información «de cuanto estamos señalando». Igualmente, se ponen a disposición «para acompañarlos a comprobar de primera mano la situación de las personas que hemos tenido que acoger».
Este escrito se suma al mandado hace unas semanas al Defensor del Pueblo.
La noticia en El Confidencial, en El Diario Vasco, en Europa Press, en La Vanguardia .
El estado tiene que asumir labores de acogida y atención a las personas en riesgo, es una responsabilidad que No puede delegar.
Exactamente, Carmen. Además de la más elemental consideración moral a partir de los Derechos Humanos, las leyes internacionales y nacionales marcan claramente las obligaciones de las autoridades supranacionales, nacionales, autónómicas, y locales, en cuanto a sus deberes legales para que el asilo y refugio se realicen correctamente. La acogida es una cuestión de solidaridad, pero también de legalidad. Gracias por su comentario.