Informe CIE 2018

[página creada el 28.5.19; actualizada el 8.6.19]

Presentación de un nuevo Informe CIE 2018 (Centro de Internamiento de Extranjeros), elaborado por el Servicio Jesuita a Migrantes. Imprescindible. Puede verse y descargarse al final de esta página.Crónica de MIGUEL ÁNGEL MALAVIA en Vida Nueva Digital

José Luis Segovia: “Los CIE son un instrumento sórdido e inhumano”

  • En su informe anual, el SJM denuncia que España decretó 11.384 repatriaciones forzosas en 2018
  • Los jesuitas perciben que se discrimina a marroquíes y argelinos, dos tercios del total de los internos
  • Preocupa especialmente la situación de los menores, identificando a 93 de los 807 internos visitados

Por noveno año, el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) ha publicado en la mañana de este jueves 6 de junio, en la sede del Defensor del Pueblo, en Madrid, su informe anual sobre los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), siempre elaborado desde las cifras oficiales y por su experiencia directa, gracias a los voluntarios de las numerosas entidades jesuitas que acompañan a los internos en los CIE de toda España.

El estudio de 2018, titulado ‘Discriminación de origen’ y en el que han participado 807 personas visitadas, hay un dato que estremece especialmente: el pasado año, el Gobierno de España decretó 11.384 repatriaciones forzosas, 2.058 más que en 2017.

Del total de repatriados, 7.203 personas fueron devueltas en la propia frontera y 4.181 fueron expulsadas por considerarse su estancia irregular. Significativamente, de los 2.058 repatriados más en comparación con 2017, el número de expulsiones solo ha experimentado un ligero repunte (127), mientras que el porcentaje de devoluciones ha acaparado prácticamente el total, llegando a las 1.931.

7.855 internos en el CIE

En cuanto a los CIE, en 2018 fueron internadas 7.855 personas; de ellas, la práctica totalidad (7.676), eran hombres. Respecto a los motivos del internamiento, la mayoría obedecieron a dos causas: hubo 5.502 expedientes de devolución por entrada ilegal en patera (70,04%) y 1.246 de expulsión por estancia irregular (15,86%). Por nacionalidades, procedían de 90 países distintos, aunque la mayoría eran de Marruecos (2.801, el 35,66%) y Argelia (2.511, el 31,99%). Es decir, dos tercios de los internados en un CIE en 2018 fueron magrebíes…

Este último punto llama la atención a los autores del informe, que observan el “trato discriminatorio dispensado a las personas de nacionalidad argelina o marroquí, detenidas en comisarías, mientras que se deriva a dispositivos de atención humanitaria y custodia a las de origen subsahariano o asiático”.

Como ha explicado en la rueda de prensa de esta mañana Josep Buades, autor del informe y director de la Asociación Claver-SJM, esto ocurre en gran medida porque “en Marruecos y Argelia hay más consulados y, por tanto, más información sobre sus nacionales, siendo además su devolución en barco. En cambio, con los subsaharianos hay mucha menos información, porque sus países tienen menos consulados y porque ellos mismo afirman ser muchas veces de otra nacionalidad, siendo ellos devueltos en avión”. Una situación que, en realidad, dificulta bastante más su extradición.

Colectivos vulnerables

Frente a ello, en el informe se solicita que “las plazas de acogida humanitaria deben destinarse a personas en situación de vulnerabilidad con independencia de su nacionalidad”. Otra cosa es que, como añaden, el sistema falle y también se produzca la “falta de detección temprana de personas con perfiles de especial vulnerabilidad”.

Con todo, pese a que se admite que hay “una labor constante de mejora” en los CIE, en lo referente a “las condiciones de vida y a las garantías de derechos”, el SJM no puede sino repetir, como cada año, “la reivindicación fundamental: el fin de la institución del internamiento y el cierre de los CIE”.

En la misma línea ha ido el sacerdote José Luis Segovia, vicario de Desarrollo Humano Integral de la Archidiócesis de Madrid, que ha denunciado que, “cuando el Derecho sofoca y asfixia a las personas que ejercen su derecho a la movilidad, es un mal Derecho”. Y es que los CIE, en los que se vive en condiciones incompatibles con los derechos humanos, son un instrumento sórdido e inhumano”.

Carácter penitenciario

Segovia ha rememorado el tiempo en el que España ideó el modelo de los CIE, detallando cómo su evolución es significativa de su íntimo carácter penitenciario: “Pese a que se negó, muchos de ellos se han erigido sobre antiguas cárceles. Empezaron sin ningún régimen interno de derechos y deberes y sin ningún control judicial, habiendo en ellos menores y víctimas de la trata. Poco a poco, eso ha ido cambiando, adaptándose el Derecho a la realidad, pero lo cierto es que la primera acción fue criminalizar a este colectivo humano”.

Por ello, el sacerdote ha reivindicado que “los CIE deben ser cerrados ya. Porque son ilegales (es indudable su carácter penitenciario), ilegítimos (se priva a estas personas de libertad), inmorales (los internos parecen fardos, mercancías) y disfuncionales (no cumplen los teóricos fines para los que fueron impulsados)”

Buades ha puesto su mirada en la situación de los menores en los CIE, cuya presencia allí prohibe la ley. Ha destacado que, de las 807 personas visitadas por sus voluntarios, han detectado hasta 93 que podrían ser menores. Una cifra significativa, pues el propio Estado ha identificado a 89 menores en los CIE en 2018…, entre los 7.855 internos. Lo que da idea de que, en realidad, podrían ser muchos más.

Luz frente a la opacidad

Ana Bosch, abogada y coordinadora del Programa CIE en Pueblos Unidos, ha contado que “en cada CIE hay una problemática diferente”, aunque, en general, “los obstáculos se repiten en la mayoría de centros”; tales como “la falta de intérpretes, los problemas en la efectividad de las visitas o en la entrega de los listados internos”. Ante “la opacidad que marca la vida en los CIE, buscamos poner luz y que se conozcan situaciones somo las que sufren personas con graves problemas de salud, incluidos mentales, y que están internas en unos centros que no están preparados para atenderlas”.

Mustapha Mohamed-Lamin, coordinador del Equipo CIE en el SJM de Valencia, ha enfatizado “la determinación a prueba de bombas de nuestros voluntarios, que padecen todo tipo de dificultades y trabas absurdas, y que no se cansan de levantarse contra los muros que son los CIE, tratando de humanizar algo la estancia de los internos desde un trato familiar”.

Segovia ha concluido defendiendo que “la Iglesia debe ejercer un papel básico a la hora de sensibilizar a las bases sociales, siendo un dique de detención frente a los discursos del odio”. Una idea que ha rematado Mª Carmen de la Fuente, coordinadora del SJM: “Tenemos que luchar por generar una cultura de la hospitalidad y la acogida. Un reto en el que hemos de ser audaces para saber ser un contrapeso frente a la crueldad”.


Crónica de Ricardo Benjumea en Alfa y Omega

José Luis Segovia, vicario de Pastoral Social e Innovación de Madrid, reconoce que la Iglesia debe hacer más en «la sensibilización y concienciación» de los católicos de parroquia frente a las vulneraciones de derechos de las personas migrantes.

Comenzando por el Papa, «el discurso en el ámbito institucional» es muy claro, pero «hay que hacerlo poroso», de modo que llegue a las parroquias. José Luis Segovia demanda «un esfuerzo» especial a los medios de comunicación católicos, para que «sean dique de contención frente a los discursos del odio y del miedo al diferente».

El vicario de Pastoral Social e Innovación del Arzobispado de Madrid participó este jueves en la presentación del Informe CIE 2018, en la Oficina del Defensor del Pueblo. Segovia, jurista de formación, pidió abiertamente el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros, a los que se refirió como una anomalía en términos jurídicos, cuya única finalidad es «la disuasión» a los potenciales migrantes. Dado que ni siquiera esto se cumple, son «absolutamente estériles».

La única finalidad de estos centros –enfatizó– es «la disuasión de la movilización humana y la criminalización las migraciones.

A juicio del vicario madrileño, no es posible separar los CIE del conjunto de derecho de extranjería, que «tiene características mu peculiares frente a otras ramos del derecho», caracterizado por «satisfacer necesidades de las personas» desde «un criterio de equidad y justicia». El derecho de extranjería, por el contrario, «en último término busca solo la expulsión, la remisión a sus países de origen que se desplazan por el cambio climático, por los conflictos, para buscarse un futuro mejor…». «Incluso el derecho penal –añadió– tiene la pretensión de procurar la reinserción social de las personas infractoras».

«Si esto no es un centro penitenciario…»

Citando pronunciamientos similares desde la jerarquía eclesial, Segovia dijo que «los CIE deben ser cerrados a la mayor brevedad posible». En primer lugar, porque «son ilegales», dado que la legislación afirma que no deben «tener carácter penitenciario». El de Aluche (Madrid), en concreto, fue «construido sobre un hospital penitenciario»; tiene «un régimen más restrictivo que el de una prisión; «las fuerzas de seguridad están en su interior…». «Si eso no es un régimen penitenciario, que venga Dios y lo vea».

Además son ilegítimos, puesto que «privan de libertad por infracciones administrativas», cosa que «chirría en derecho».

Y «son inmorales», puesto que «no tratan a las personas como seres humanos», sino como «puros fardos que deben ser devueltos» a sus países, «peor que mercancías», aseguró, tras haber aludido a los casos de Samba Martine (la congoleña fallecida en el CIE de Aluche por una presunta congoleña, cuyo caso está siendo ahora juzgado) y el de los presuntos malos tratos durante un cacheo policial en este CIE, que también está en manos de la justicia.

A juicio de Segovia, sin prejuicio del pronunciamiento de la justicia, es «un error atribuir a las personas que trabajan en estos centros la responsabilidad» por estas acciones, que responden a casusas estructurales. No se puede, por ejemplo, encargar la vigilancia de un CIE a policías que «no están preparados, porque no es esta su función», y la propia «inhumanidad» del centro termina por «despersonalizarlos».


Crónica de María Martín en El País

Interior bate récords de expulsiones desde los CIE
Dos tercios de los internos en 2018 fueron marroquíes y argelinos, más fáciles de devolver a sus países. La nueva estrategia ha elevado a un porcentaje récord las deportaciones desde los centros.

El perfil de los internos de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) ha cambiado con Pedro Sánchez en el Gobierno. Entre julio y agosto pasados las autoridades dejaron de internar a subsaharianos y dieron prioridad al encierro de marroquíes y argelinos, que pueden ser expulsados con más facilidad gracias a los acuerdos de readmisión con sus países de origen. El cambio de política ha elevado la cifra de marroquíes y argelinos a dos tercios de los 7.855 inmigrantes que pasaron por un CIE en 2018. En 2017 no llegaban a ser la mitad del total de los internos. Las cifras oficiales las recoge el último informe del Servicio Jesuita al Migrante (SJM), elaborado, en parte, con datos obtenidos por EL PAÍS mediante la Ley de Transparencia. El Ministerio del Interior, que ya confirmó el cambio de perfil del interno el pasado verano, no ha querido hacer ahora declaraciones sobre el asunto.

La estrategia de dar prioridad al encierro de estas dos nacionalidades, en un año en el que se batió un récord de entradas irregulares (casi 65.000), se ha traducido en un aumento significativo de las repatriaciones forzosas desde los centros de internamiento. Cerca de seis de cada diez internos fue, efectivamente, expulsado o devuelto a su país de origen el año pasado, la cifra más alta de los últimos nueve años. Los CIE se acercarían así a la función para la que fueron concebidos, ser una medida cautelar previa a la devolución o expulsión de inmigrantes en situación irregular.

La nueva política supone para el SJM evitar el “sufrimiento inútil” de un colectivo de migrantes, los subsaharianos, que pasaba una media de 26 días encerrado en un CIE a pesar de la certeza de que no iba a ser posible devolverlos a sus países de origen. “Esta práctica [de internar subsaharianos] cesó en julio o agosto de 2018, lo cual es de alabar, aunque quepa la duda sobre la motivación”, mantiene el informe. A pesar del aumento de las repatriaciones, aún hubo un 30% de los internos que acabó en libertad por la imposibilidad de documentarlos.

En una segunda lectura, la organización denuncia la discriminación que supone ahora decretar el internamiento según la nacionalidad. A los subsaharianos, ante la evidencia de que su retorno es generalmente inviable, se les destina a recursos humanitarios, mientras que un buen porcentaje de marroquíes y argelinos pasa sus primeras horas en España en un calabozo para, después, ser devueltos o trasladados a un CIE.

Esta es una denuncia que ya elevó el Defensor del Pueblo a las secretarías de Estado de Seguridad y de Migraciones en julio. En ella señalaba que las plazas de acogida humanitaria “han de ir destinadas a personas migrantes, con independencia de su nacionalidad, que se encuentren en situación de vulnerabilidad”.

La llegada en patera a continúa siendo la causa de encierro del 70% de los internos, aunque ha disminuido ligeramente desde 2017 cuando supuso un 80,52%. Ese porcentaje aumenta, una vez más, al observar los expedientes de dos nacionalidades. Así el 79% de los marroquíes y el 92% de los argelinos internados están en los CIE por haber entrado irregularmente en España a bordo de una patera.

Estos datos no reflejan, sin embargo, que se haya trasladado al CIE a la inmensa mayoría de los marroquíes y argelinos que entraron de manera irregular en España en 2018. Al contrario. Según los datos del informe apenas un 16,5% de los 13.316 marroquíes llegados el año pasado, la nacionalidad más numerosa en el ranking de llegadas, acabó en el CIE por un expediente de devolución por entrada irregular. Buena parte de ellos, un número que el Ministerio del Interior se niega a divulgar, son devueltos en las 72 horas posteriores de su llegada. Otros, una minoría, solicitan asilo en Ceuta y Melilla, mientras los menores, una cifra que rondó los 4.000, pasan a ser tutelados por las comunidades. Otro número también indeterminado queda en libertad en un limbo de irregularidad. En el caso de los argelinos internados tras su entrada irregular, el porcentaje aumenta hasta el 38,43% de los 5.990 que se interceptaron. «Los datos nos muestran que el internamiento tiene un alto componente de azar», denuncia Pep Buades, autor del informe. «Si una medida como esta depende de la suerte, algo no está funcionado».

La cifra de internos en 2018, por otro lado, es la más baja desde 2009. Entre las causas, más allá de evitar el encierro de subsaharianos, se encuentra el estado de las instalaciones de los CIE: en verano de 2018 se cerró el de Las Palmas y también se clausuraron módulos de varios centros.

El SJM considera los CIE una “herramienta de las políticas de control de fronteras” y demanda que se planteen alternativas al internamiento de personas que acaban de entrar irregularmente en España mientras se tramita su documentación.

En 2018, no solo se alcanzaron las cifras más altas de repatriaciones forzosas desde los CIE, sino también desde fuera de ellos. El año pasado el número de devoluciones, 7.203, alcanzó su cifra más alta desde 2010. Más del 83% de ellas fue por entrada irregular en España, en pateras u otros medios.

Las expulsiones, 4.185, tuvieron un ligero crecimiento respecto a 2017, pero suponen la segunda cifra más baja de la serie que comenzó en 2009. El 47% de los expedientes de expulsión ejecutados fueron motivados por la estancia irregular del inmigrante. En el 17,7% se usó la expulsión para sustituir penas de privación de libertad superiores a seis años.

Un año más se ha comprobado la llegada a los CIE de personas vulnerables que por ley nunca deberían pisar un centro de internamiento. El Ministerio del Interior reconoce, según el informe, haber detectado a 89 menores encerrados. El número es bastante más alto que el registrado en 2017 (48) o 2016 (51). Aumenta también el número de solicitantes de asilo en los centros, que creció de los 1.381 solicitantes en 2017 a los 1.776 internos en 2018. Se admitieron a trámite 543 solicitudes, un 30,57%, un porcentaje ligeramente más alto que en 2017 y bastante más elevado que en 2016.

A pesar de las quejas recurrentes de las organizaciones humanitarias, de los abogados de los internos y del Defensor del Pueblo, los problemas observados en estos centros de internamiento se repiten año tras año. El informe incide en las deficiencias estructurales de los CIE, la identificación de menores de edad internados, el trato dispensado a personas con problemas de salud y las trabas para solicitar asilo o acceder a asistencia jurídica. “A pesar de tantas deficiencias y malas prácticas denunciadas por los juzgados de control, el Defensor del Pueblo y las organizaciones sociales, podría decirse que en 2018 no se observan grandes cambios en la vida dentro de los CIE”, lamenta el documento.


Informe CIE 2018: Discriminacion de Origen (puede descargarse aquí en PDF)
Infome CIE 2018 Centro Internamiento Extranjeros

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